(Comentario difundido en el programa <Voces de Galicia>, que dirige Isidoro Valerio en Radio Voz, el 13 de mayo del 2015)
Llevo varios días preguntándome a qué espera el Ministerio de Sanidad para acabar
de una vez con el bloqueo de la vacuna contra la meningitis B, que trae de
cabeza a muchos padres. Los pediatras la consideran necesaria y así se lo dicen
a quienes les preguntan al llevar a sus hijos a la consulta. Pero, al mismo
tiempo, tienen que advertirles de que en España su uso está restringido al
ámbito hospitalario y no solo no está incluida en el calendario de vacunación,
sino que tampoco está permitida su venta en farmacias.
Así que los padres se
plantean muy seriamente irse a comprarla a Portugal y algunos lo están haciendo.
Y se la traen para ponérsela aquí, aunque los pediatras no lo recomiendan, por
la dificultad de garantizar que se mantenga la cadena de frío. Si se rompe, la
vacuna no sirve para nada. Otros optan por llevarse a sus hijos y tratar de que
se la pongan también en Portugal.
Una situación
kafkiana. Padres y pediatras, entre la espada y la pared. Familias que se ven
imposibilitadas de vacunar a sus hijos por falta de medios para afrontar el
gasto del viaje a Portugal sumado al coste de la vacuna. Falta de control real
y eficaz sobre el número de niños vacunados.
Pero es que, además,
no son solo padres y pediatras. Hace unos días, el Parlamento gallego acordó
por unanimidad instar al Gobierno a incluir la vacuna contra la meningitis B en
el calendario oficial. El Sergas, en cumplimiento de este acuerdo, ha
solicitado formalmente que se pueda vender en farmacias y, en segundo lugar, se
incluya en el calendario de vacunación.
Es cierto que,
afortunadamente, no es una enfermedad que afecte a un número elevado de niños y
a que está en una etapa de menor incidencia. Pero no lo es menos, como
recordada el médico y diputado socialista Pachi Vázquez, que en un diez por
ciento de los casos es una enfermedad mortal y en el 30% deja secuelas graves.
Padres, pediatras y
políticos unidos para pedir algo que parece de sentido común, aunque la Agencia
Española del Medicamento opine lo contrario. No sé a qué espera el Gobierno
para responder al clamor creciente. ¿A que se lo pidan con una procesión de
antorchas, como las que esta noche harán miles de devotos a la Virgen de
Fátima? ¿Será que demandar una decisión de puro sentido común es como pedir un
milagro?
