Hoy somos un poco menos libres que ayer. Ha entrado en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como
ley mordaza, aprobada en solitario por la mayoría absoluta de que aun goza el Partido
Popular en el Congreso y contra el que se ha presentado ya un recurso ante el
Tribunal Constitucional apoyado por la oposición.
La nueva ley amplía
las facultades de la policía, sanciona la toma de fotografías o la grabación de
agentes y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, pasa al ámbito
administrativo toda una serie de sanciones que retira del ámbito judicial con
la consiguiente disminución de garantías, abre la posibilidad del secuestro de
publicaciones sin necesidad de decisión judicial y consagra las devoluciones en
caliente de inmigrantes, entre otras muchas limitaciones.
La ley mordaza ha
suscitado críticas en amplios sectores de la población, empezando por los
profesionales del periodismo, cuya actividad se puede ver seriamente limitada.
La Asociación de la Prensa de A Coruña ha manifestado su rechazo rotundo, afirmando
que <con la aprobación de dicha ley se olvida que el pleno respeto a la
libertad de expresión, a la libre difusión de ideas y el ejercicio del derecho
a la información, fortalece la democracia y previene contra posibles abusos
gubernamentales de poder>.
Sostiene la asociación que agrupa a los
periodistas coruñeses que el texto legal que hoy ha entrado en vigor atenta
contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la
información>. Y recuerda que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Derecho al
Honor, a la Intimidad y a la propia imagen estable que no se reputarán, con
carácter general, intromisiones ilegítimas la captación, reproducción o
publicación de imágenes de personas que ejerzan un cargo público o una
profesión de notoriedad o proyección pública, y la imagen se capte durante un
acto público o en lugares abiertos al público>.
Un nuevo recorte de
derechos ciudadanos por parte de un Gobierno que ha tenido que retirar de la
circulación a tres ministros y dar marcha atrás en otras medidas profundamente
restrictivas, como las tasas judiciales, el Registro Civil o el aborto, entre
otras. Un Gobierno que parece preocupado exclusivamente por cantar las bondades
de un crecimiento económico estadísticamente real, pero que aun no se percibe
en el bolsillo de millones de ciudadanos, que sí perciben, en cambio, un recorte de sus libertades.
