Comentario difundido en el programa <Voces de Galicia>, que dirige Isidoro Valerio en Radio Voz, el 20 de abril del 2016)
La acusación es gravísima. Solo pensar que al menos tres personas puedan haber muerto por el retraso en suministrar el fármaco que podría mantenerlos con vida produce terror.
La acusación es gravísima. Solo pensar que al menos tres personas puedan haber muerto por el retraso en suministrar el fármaco que podría mantenerlos con vida produce terror.
Estoy
hablando, evidentemente, de la denuncia contra dos altos cargos de
Sanidade por supuestos retrasos en el suministro a pacientes de un
avanzado, eficaz y caro medicamento contra la hepatitis C. Tendrán
que declarar el día 28 ante el juez por un presunto delito de
prevaricación. El fiscal ve también en su conducta otro posible
delito de homicidio por imprudencia.
La clave
está en si se pudo haber puesto el criterio presupuestario por
delante del criterio estrictamente médico. Para los denunciantes,
está claro que sí. Sostienen que hubo casos de solicitud del
tratamiento que no tuvo respuesta en más de seis meses. Para la
Xunta, está claro que no. Se aprobaron 1.137 tratamientos, entre
ellos los que han sido objeto de denuncia, y solo se denegaron 13. El
año pasado, el Gobierno gallego destinó 75 millones de euros en
este tipo de tratamiento.
Las
sensibilidades están a flor de piel, porque se trata de una
enfermedad muy grave, de un tratamiento muy avanzado y eficaz, pero
también muy caro. Y que fue aprobado el año pasado tras una larga e
intensa campaña de demanda por parte de los afectados.
Y lo
están aun más, porque se sitúa en un marco de recortes. Hace pocos
días se publicaba el incremento de las listas de espera en numerosas
especialidades. No es extraño, si se tiene en cuenta que el gasto
público en sanidad disminuyó un 13 por ciento entre 2009 y 2014. En
cifras, 9.600 millones menos, según un informe que acaba de publicar
Comisiones Obreras. Hay protestas frecuentes por el colapso en los
servicios de urgencias y es un hecho que hay menos profesionales en
la sanidad pública. En concreto, 14.000 menos, según el mismo
informe.
Si la
Administración recorta en algo tan sensible como la sanidad, a nadie
puede extrañarle que surjan las dudas. Y la contundencia de las
afirmaciones de los médicos las incrementa. Sobre este caso se
pronunciará el juez y los implicados tienen todo el derecho a la
presunción de inocencia sobre su responsabilidad penal.
Las
responsabilidades políticas son otra cosa. Y ahí tiene el Gobierno
muchas explicaciones que dar a los ciudadanos sobre el deterioro de
un servicio en el que nos va la vida.
